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Se ha instalado en la sociedad una idea peculiar según la cual el acceso a la cultura ha de ser preferentemente gratuito y cuando un espectáculo cuesta treinta, cuarenta o sesenta euros, se generan fuertes polémicas por su altísimo coste y por la barrera que eso supone. El “todo gratis” está dañando de manera muy seria a los propios artistas y es uno de los factores que inciden con mayor dureza en la precariedad laboral del sector y que lleva a que una gran mayoría de los intérpretes no pueda vivir de su profesión.
En épocas pasadas los músicos servían fundamentalmente para el entretenimiento de las clases privilegiadas y ha llevado mucho tiempo conseguir su adecuada dignificación profesional.
No hace tanto, apenas un lustro, una alcaldesa de gran ciudad española y de talante progresista, propuso una idea, creo recordar, en la que sugería que los jóvenes intérpretes fueran a tocar a los hoteles y que se les pagase con la cena. ¡Menudo reconocimiento a la profesión!
Buena parte del mundo musical está gestionado por administraciones públicas y estas tienen una obligación constitucional de facilitar el acceso a la cultura sin barreras económicas. Una cosa es que, efectivamente, las entidades del sector público tengan en sus presupuestos una inversión cultural adecuada y otra muy diferente que el público no contribuya en nada al coste de las actividades. Lo que se debe aplicar es una buena política de descuentos para jóvenes, jubilados o determinados colectivos en peligro de exclusión social. Ahí es donde se debe hacer el énfasis y el trabajo de acercar la cultura de una manera coherente, incidiendo también previamente en la explicación de los repertorios en una labor que ha de buscar un público más allá del que está más implicado desde el conocimiento de lo que va a presenciar en un teatro o en una sala de conciertos.
Sin embargo, es un populismo muy goloso el de “regalar” entradas. Todos sabemos que la gratuidad es ficticia porque, al final, el coste total se financia vía impuestos, y lo que se logra es una pérdida de valoración de la oferta. Hay ejemplos abundantes al respecto: el más frecuente es que al anunciar un espectáculo gratuito para el que se debe, previamente, retirar las localidades, lo más normal es encontrarse con decenas de butacas vacías porque muchos de los que tenían entrada decidieron después cambiar de planes y aquella conseguida de forma gratuita es la primero que se va a la basura, mientras otros espectadores interesados se quedan fuera porque no hay forma de controlar quién va a ir realmente a esa actuación de manera previa.
Por lo tanto, un copago, aunque sea simbólico, debiera ser la norma y no la excepción. Falta una mayor cultura en los espectadores de la percepción del coste de un espectáculo determinado, no tan condicionado por unos cachets elevados como por el alto número de profesionales que, sobre todo en espectáculos lírico-musicales, intervienen en el desarrollo de los mismos. Por lo tanto, una responsabilidad compartida que contribuya a sufragar el presupuesto necesario conlleva también una implicación en el mismo, una muestra de un interés real por la oferta cultural. La costumbre de regalar entradas sin criterio acaba siendo letal a medio y largo plazo y, además, afecta al resto de la actividad que sí exige un paso por la taquilla. Que, en muchas ocasiones, sean las propias administraciones públicas las que fomenten esta situación ejemplifica su falta de criterio y la ausencia de una verdadera política cultural. Es mucho más fácil, y demagógico regalar entradas que realizar labores formativas previas y tener bien diseñada una política de descuentos relevante para los colectivos que lo necesitan. Esto último rompe fronteras y prejuicios y ayuda fehacientemente a los artistas.
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