El que fuera abogado externo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Tomás González Cueto, considerado la mano derecha jurídica del expresidente Luis Rubiales, defendía hasta que fue detenido por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en al menos 40 causas judiciales al organismo federativo, según se desprende de un escrito de 22 de marzo dirigido al magistrado que instruye el caso Soule en la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, y al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario.
González Cueto fue detenido el 20 de marzo por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y 48 horas después, el 22 de marzo, pasó a disposición de la jueza del caso Supercopa, Delia Rodrigo, que acordó su libertad sin fianza. Este letrado se negó a declarar, alegando que no podía hacerlo pues como representante legal de la RFEF debía mantener el secreto profesional. Ese mismo 22 de marzo, pasadas las tres de la tarde, la RFEF le comunicó mediante un burofax que la Federación había prescindido de sus servicios en todos los procedimientos.
La Federación, con Pedro Rocha como presidente de la gestora, destituyó al entonces director jurídico, Pedro González Segura, que también había sido arrestado por la UCO. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, que investiga el caso Supercopa, ha acabado por imputar al propio Rocha.
En su declaración como testigo, el ex secretario general de la RFEF Andreu Camps apuntó que sólo los ingresos de González Cueto como “comisionado externo” de la Federación superaban los 200.000 euros al año. Su trabajo era representar a la Federación y al propio Rubiales en numerosos pleitos. Por eso, su despacho de abogados era responsable de un “gran volumen de procedimientos judiciales”.
Ramón Caravaca
En el burofax dirigido al despacho de González Cueto, en el que también se alude al socio de este Ramón Caravaca Magariños, así como a los letrados Paula Rodríguez González y Daniel Echevarría González, la Asesoría Jurídica de la Federación Española de Fútbol explica que ellos “van a asumir la dirección profesional” en todas las causas. Y por ello, les reclaman que pongan “a disposición de la RFEF la documentación de la que dispongáis relativa a los asuntos mencionados”.
En concreto, de las 40 causas ocho pertenecen al orden jurisdicción penal, 19 al contencioso-administrativo y 13 al civil y mercantil. La primera de las causas penales es el caso Soule, que investiga la Audiencia Nacional en relación a las supuestas irregularidades detectadas en el seno de la RFEF bajo la presidencia de Ángel María Villar. El segundo caso penal es la Operación Oikos, que está vinculada al presunto amaño de partidos.
La Federación está personada como acusación particular en esta causa, que actualmente instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca. Fue la RFEF quien llevó el presunto amaño de un partido entre el Huesca y el Nástic de Tarragona a la Fiscalía tras recibir un informe procedente de la UEFA el 29 de mayo de 2018. Concretamente, se comunicaba una situación anormal en torno a los mercados de apuestas que indicaban la posible manipulación de dicho encuentro.
‘Caso Negreira’
La tercera de las causas penales que llevaba el ahora defenestrado González Cueto era el caso Negreira en el que el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona investiga el pago desde 2011 de 7 millones de euros por parte del FC Barcelona al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. También este letrado se encargaba de la defensa del organismo federativo en el caso Haití, el único en el que la RFEF ha sido procesada como persona jurídica. En concreto, se la acusa de un delito de fraude de subvenciones al país caribeño.
Los otros cuatro procedimientos de la jurisdicción penal que dependían del abogado externo eran el caso Vinicius, que instruye el Juzgado Instrucción número 10 de Valencia; el caso del muñeco de Vinicius (Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid); el caso Stephen Newman (el Juzgado de Instrucción número 8 de Majadahonda de forma reciente archivó la denuncia del dueño del club Dux Internacional de Madrid. Esta decisión está pendiente de un eventual recurso); y una causa sobre “el robo de teléfonos móviles” a Luis Rubiales (Juzgado Instrucción número 5 de Madrid).
En el resto de jurisdicciones la RFEF mantiene litigios en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en la Audiencia Provincial de Madrid. Un tribunal de la Audiencia madrileña condenó de forma reciente a la Federación de Rubiales a pagar 12,3 millones de euros a Mediapro por excluir a esta compañía de un contrato para la comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey de las temporadas 19/20, 20/21 y 21/22. esta decisión fue recurrida por el despacho de González Cueto, que tras su detención ha sido apartado de todas las causas.