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Frente al frenesí de investigaciones judiciales, expedientes administrativos, comunicados oficiales, declaraciones cruzadas e informaciones comprometedoras de los últimos días, el Gobierno ha decidido apretar el ‘pause’ en la gestión de la crisis de la RFEF. El CSD, pese a que podía hacerlo desde el lunes, todavía no ha convocado a la comisión directiva que debe decidir sobre la suspensión de Pedro Rocha y los miembros de la gestora federativa. Una decisión con la que está ganando tiempo para hallar la mejor y más pulcra solución a la gigantesca crisis institucional y reputacional que padece el fútbol español.
El diabólico escenario actual en la RFEF es el siguiente. La Federación está gobernada ahora mismo por una comisión gestora cuyo mandato expirará en cuanto un nuevo presidente sea proclamado. Pedro Rocha, único candidato que reunió los avales para aspirar a dicho cargo, no puede serlo todavía porque su proclamación está impugnada por Miguel Galán. El día señalado para su proclamación era este pasado lunes, pero la burocracia lo ha retrasado hasta el día 26, siempre que la impugnación sea desestimada por el TAD, que está por ver.
Ese mismo TAD ha abierto un expediente por falta muy grave, al extralimitarse en sus funciones, tanto a Rocha como a la totalidad de los miembros de la comisión gestora que el extremeño presidía hasta su dimisión técnica para poder presentarse a los comicios. La apertura de dicho procedimiento no les inhabilita ni les impide ejercer cargo alguno, pero el CSD tiene la potestad, a través de su comisión directiva, de suspender en sus funciones a todos ellos hasta que se resuelva el expediente, algo que puede tardar meses.
El vacío de poder en la RFEF
Si, en efecto, el CSD suspende a todos ellos, especialmente a los miembros de la gestora, la RFEF quedaría completamente descabezada en lo político, generando un vacío de poder que la ley no prevé cómo subsanar. Situación crítica que se uniría al descabezamiento directivo que ya padece la Federación, pues la secretaría general y departamentos como marketing, servicios jurídicos, recursos humanos y hasta la dirección deportiva de la selección masculina carecen de un director en pleno ejercicio de sus funciones, sea por destituciones o por suspensiones temporales de quienes gobernaban esas parcelas.
En el Gobierno impera el silencio y se remiten a las declaraciones del martes del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, en las que defendía que “la RFEF debe alejarse de manera definitiva de comportamientos que nos avergüenzan a todos” y que “el fútbol español merece que sus mandatarios y sus representantes se guíen por los principios de honradez y buena gobernanza”.
“Firmeza y respeto a la ley”, añadía el secretario de Estado para el Deporte, y he ahí el problema. Por un lado, el Gobierno sabe que no puede permitirse que la RFEF siga más tiempo en la situación que vive desde el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, hace ya ocho meses. Por el otro, es una misión titánica encontrar la salida legal adecuada al embrollo (algo en lo que el anterior presidente del CSD, Víctor Francos, fracasó con estrépito), porque la situación es tan enrevesada que ningún legislador la pudo prever en su totalidad.
Así que el Gobierno, mientras intensifica las conversaciones con FIFA, un agente clave en la resolución final, por su capacidad para intervenir la Federación, está ganando tiempo. La suspensión de Rocha y la del resto de miembros de la gestora debe decidirla la comisión directiva, que tiene que ser convocada con 48 horas antes. En caso de ser convocada hoy, ya no se celebraría hasta el lunes, puesto que el fin de semana no cuenta.
El plan del Gobierno
Porque suspenderlos a todos ellos (si esa fuera la decisión de los miembros de la comisión directiva) en ningún caso sería el punto final. A corto plazo, incluso intensificaría el enredo actual por el vacío de poder que se generaría, por lo que el Gobierno debe tener un plan perfectamente armado, jurídicamente impecable, de los pasos a dar con posterioridad. El punto final, sí o sí, habría de ser la convocatoria de elecciones generales, que dotaran a la RFEF de una nueva asamblea primero y de un presidente después, ambos con un mandato para cuatro años.
Desde el CSD simplemente explican que los servicios jurídicos continúan con el análisis del expediente facilitado por el TAD y toda la documentación que lleva aparejada, pero la interpretación evidente es que el Gobierno está ganando tiempo, mientras se producen circunstancias que juegan a favor de una posible solución.
Este miércoles, casi la mitad de los presidentes de las federaciones territoriales remitieron un escrito al CSD en el que se ponen a su disposición y la de la FIFA para cerrar de una vez por todas la crisis. Un escrito que se interpreta como una aceptación tácita a que la RFEF sea intervenida y que, sobre todo, rompe filas en un colectivo que de cara al proceso electoral se había alineado sin fisuras detrás de Rocha. Incluso miembros actuales de la gestora, que 24 horas antes había lanzado un durísimo comunicado contra el Gobierno, respaldado por una Rocha completamente enrocado, han estampado su firma en ese comunicado remitido al CSD.
La huida hacia delante de Rocha
La solución ideal en estos momentos pasaría por una renuncia de Rocha en su huida hacia delante, pero el dirigente extremeño ha caminado, al menos hasta ahora, en dirección contraria. Ni la apertura del expediente del TAD, ni su imputación en el caso Rubiales, ni la revelación de que se puso el sueldo de Rubiales contra el criterio de sus propios servicios jurídicos, ni el progresivo abandono de quienes eran sus aliados parecen hacer mella en su ambición de ser presidente de la RFEF.
Por ese motivo, por ese encastillamiento, la solución más fácil parece una entelequia. Esta pasaría por una no suspensión de Rocha y que este dimitiera y convocara elecciones para cuatro años tan pronto como fuera proclamado. Porque lo que no parece de recibo es que la RFEF tenga a un presidente imputado en una causa que investiga una trama de corrupción en el seno de la propia Federación, por mucho que la ley no lo impida. Nadie, salvo Rocha y algunos de los barones territoriales, parece tener dudas de ello.
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