Casi dos años después de que en junio de 2022 se iniciara la instrucción de la causa por presuntos delitos de corrupción, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, comparece ante la jueza de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo. Llegó poco antes de la hora a la que había sido citado, las diez de la mañana de este lunes, y se limitó a señalar a los periodistas que hablará una vez finalice su comparecencia en el órgano judicial.
A Rubiales se le imputan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal cometidos durante su etapa al frente del órgano federativo, en relación con determinados contratos que se consideran sospechosos, como el de la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí que propició que el exjugador del Fútbol Club Barcelona recibiera una comisión de cuatro millones de euros anuales por el traslado de esta competición a dicho país o los que firmó con la constructora Gruconsa para la realización de diversos trabajos, entre ellos la remodelación del estadio de La Cartuja.
Rubiales cambió de abogado recientemente a uno especializado en delitos de corrupción Vicente Gómez Tejedor, tras su regreso a España desde la República Dominicana para enfrentarse, precisamente, a esta comparecencia ante la juez, y por el momento se desconoce cuál será su estrategia de defensa. Como investigado, puede acogerse a su derecho a no declarar o contestar solo a preguntas de su abogado o de las partes que considere oportuno.
La jueza fijó su declaración después de que el pasado 3 de abril la Guardia Civil lo detuviera y dejara en libertad tras su llegada a España desde República Dominicana, donde se encontraba cuando se produjeron una serie de entradas y registros en la sede de la Federación y en varios domicilios en Madrid y Granada, englobados en la denominada ‘operación Brody’ y centrados en la relación empresarial del expresidente con su amigo el exfutbolista Javier Martínez Alcaide, alias Nene, y los contratos con Gruconsa.
Antes de llevar a cabo estas diligencias, al inicio de la investigación, la juez requirió a unos 15 bancos que le facilitasen información sobre 36 cuentas bancarias a nombre del expresidente de la RFEF, al que recientemente ha bloqueado varias de estas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dirige las pesquisas, apunta en sus informes a la creación de una incipiente “estructura societaria conformada por personal directivo de la RFEF, importante empleados federativos y empresarios allegados“.