“Me obligaron a prestar declaración en unas circunstancias en las que no era capaz de tomar decisión alguna, con evidentes comentarios que coartaban mi libertad y con constantes comentarios amenazantes, lo que unido a mi condición de extranjera, me llevó a prestar declaración de forma forzada, sin ser informada de nada, e incluso recogiendo en el Acta de la denuncia párrafos y afirmaciones que no fueron realizadas por mi persona”.
Así de dura se expresa, en una denuncia contra la Policía Nacional a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, una de las bailarinas del musical Malinche de Nacho Cano. Es una de las noticias de este verano: el músico madrileño ha sido detenido por, presuntamente, utilizar a 18 bailarines mexicanos en situación irregular para su espectáculo. Pero los artistas han contraatacado con una denuncia por coacciones y falsedad documental contra los agentes que intervinieron en la operación.
En dicho documento, una de las bailarinas acusa a la policía de haber tenido una actuación desproporcionada con ellos, de haber recibido amenazas y coacciones, de haber sido cuestionada incluso por cuestiones de naturaleza sexual que nada tenían que ver con el caso, así como de haber accedido a su teléfono móvil sin permiso y de haber tergiversado sus declaraciones originales.
Como delincuentes
Empieza el relato la denunciante asegurando que “mi estancia en España -junto con la del resto de personas integrantes del proceso formativo, 18 personas, todas ellas de nacionalidad mejicana- durante el tiempo que dura la formación es absolutamente legal, pactada forma bilateral y libremente aceptada por mi persona, en la medida en que mi intención es dedicarme profesionalmente al mundo del espectáculo”.
El problema empezó el 27 de junio, cuando una veintena de agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar en el que los artistas estaban ensayando: “La forma de proceder de tales agentes en modo alguno puede considerarse normal y proporcionada, sino mas bien al contrario, por cuanto trataron al grupo como delincuentes, prohibiéndonos la comunicación entre nosotros, o el uso del teléfono móvil, llegando hasta la circunstancia de que nos encerraron en dependencias diferentes, estando retenidos durante varias horas”.
En el local había artistas españoles y mexicanos. En la denuncia, esta denunciante se queja de que sólo los mexicanos fueron enviados a la comisaría de Leganitos, mientras que los nacionales fueron puestos en libertad. Además, según asegura este testimonio, el traslado se hizo en coches policiales con las sirenas activadas, lo que causó un gran impacto a los afectados y les hizo sentir como delincuentes.
“No tenía conciencia de lo que me estaba pasando ni era capaz de comprender la situación a la que me vi forzada por los agentes de policía, quienes no informaban de nada e imprimían un miedo en mi persona que no había sentido antes, pues me encuentro fuera de mi país, en un proceso formativo plenamente legal y ordenado. En cambio, la situación pareciera como delictiva”, prosigue la denuncia.
Sin comer
Otra de sus quejas se centra en las condiciones en las que aseguran haber estado retenidos en la comisaría: “Desde las 15:00 horas en adelante comenzaron a tomarnos nueva declaración, esta vez en sede policial, nuevamente en circunstancias poco habituales, y con evidente coacción y amenazas de los funcionarios hacia el grupo, siendo que estuvimos nuevamente retenidos por varias horas, pues las primeras personas empezaron a salir pasadas las 20:00 horas, es decir, mas de 5 horas de retención en condiciones de incomunicación, privados hasta de alimento. Y lo que es mas grave aún, intentando sonsacarme una declaración sobre cuestiones y acusaciones al director del musical Malinche, Don Nacho Cano, que no se corresponden con la realidad”.
Prosigue asegurando que su declaración “no fue voluntaria, sino forzada, que nunca se me informó en condición de que estaba allí, sino que solo iban a filiarme, cuando lo cierto es que me tomaron nueva declaración, y además presidida por amenazas sobre la expulsión de España, cuestionamiento de mi estancia en España y obligándome a entregarles mi dispositivo móvil de telefonía para acceder al mismo sin mi consentimiento. Tales accesos comprendía tanto el correo electrónico como la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, sin mi consentimiento y con la amenaza de deportación a mi país, pues se me dijo en reiteradas ocasiones que mi visado estaba anulado y que debía declarar”.
Acerca de la aplicación WhatsApp y los accesos a mi correo electrónico, los agentes me pidieron, nuevamente sin avisar de que era voluntario, sino con ánimo coactivo, que exportara determinados chats de la aplicación, para enviarlos al teléfono móvil del agente que me interrogaba. Lo anterior no fue consentido por mi, sino de obligado acatamiento en vista de los comentarios amenazantes recibidos de los agentes de la autoridad (…) ello me permite afirmar que la situación de miedo y angustia creada por los agentes denunciados lo era para extraer de mi una declaración no consentida, tras haber sido retenida varias horas”.
Naturaleza sexual
Una de las afirmaciones más controvertidas de la denuncia es la que asegura que los agentes le hicieron preguntas de naturaleza sexual: “Me llamó la atención no obstante la cantidad de preguntas que me hicieron sobre cuestiones que nada tienen que ver con lo anterior, sino sobre cuestiones de naturaleza sexual, cuestionándome si el director del musical se me habría insinuado o intentando hacer ver que yo era una persona que estaba siendo maltratada laboralmente, cuando desde un primer momento manifesté que mi condición era la de becada”.
Todo lo acontecido, para le denunciante, fue “extraordinariamente impactante para mi persona, me ocasionó un miedo evidente, pues me sentí desprotegida en vista de lo que me preguntaban, del conocimiento que tenían de mi persona y de la situación de falta de información a la que me vi sometida, lo que unido a las comentarios recibidos sobre mi estancia en España, me hizo sentir francamente vulnerable y en lo que sentí como una situación de indefensión y de discriminación por mi condición de extranjera”.
Declaraciones falsas
La denuncia tiene dos acusaciones: una de coacciones y amenazas. La otra, de falsedad en documento público. Acusan a los agentes de haberse inventado parte de las declaraciones que presuntamente ella hizo: “Mi declaración ha podido ser alterada, consiste en que se recoge en la misma, circunstancias que no he afirmado, reinterpretando mis respuestas y agregando cuestiones que no guardan relación con lo realmente manifestado. Lo anterior, obviamente sin mi consentimiento y alterando en esencia el documento en cuestión”.
“En otras ocasiones, manifestando el documento cuestiones alejadas de la realidad, como por ejemplo que acudí a dependencias policías de forma voluntaria, cuando lo cierto es diferente. En otras ocasiones veo como se tergiversan respuestas en materia laboral para hacer ver de la lectura de la declaración la existencia de una relación laboral al hacer uso de términos como salario o que la estancia en el proceso formativo podría estar rodeada de elementos abusivos, cuando lo cierto es que manifesté cuestiones que no se recogen en el acta”, resume.
Concluye la denunciante con una dura crítica contra la policía: “Actuaciones policiales como las descritas alejan a España de los países con un sano sistema policial, que no debe sino velar por los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que se asientan en su territorio. En cambio, actos como los denunciados, contra quien pareciera ser perjudicado o víctima de determinados hechos, a quienes se les priva de libertad durante mas de 10 horas y se les trata como verdaderos delincuentes, es la antítesis de la actuación que cabría esperarse de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”.