La tarde del miércoles se vivió con cierta inquietud en los pasillos del Consejo Superior de Deportes (CSD). Y no solo por el rocambolesco anuncio del ‘jefe’, Pedro Sánchez, de que quizá dimita el lunes. El plan para intervenir, o “tutelar”, la expresión finalmente utilizada, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estaba trazado desde hace días, pero todo quedaba a expensas de que los servicios jurídicos gubernamentales dieran su visto bueno. Cuando finalmente llegaron esos informes, que avalaban la hoja de ruta del secretario de Estado y presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, para tratar de liquidar la crisis de la RFEF, hubo por fin alivio.
La bautizada como “comisión de supervisión, normalización y representación” es la solución más adecuada, bajo su criterio, que ha encontrado el CSD para, en palabras de Rodríguez Uribes, impedir que “el representante del fútbol español en la Eurocopa o los JJOO pudiera ser una persona investigada en una causa penal“, lo que provocaba que estuviera “en juego la reputación, el prestigio y el buen nombre de España”.
Las funciones de esta comisión son todavía difusas y el Gobierno pide algo de tiempo para aterrizarlas y darlas a conocer, en especial en lo referido a la parcela ejecutiva, aunque dejan claro que estará “jerárquicamente” por encima de la presidencia de la RFEF. También su composición, aunque las fuentes consultadas por este periódico avanza, de manera somera, que serán “profesionales independientes y de reconocido prestigio en los campos del derecho, la economía y el deporte”. Ni se confirma ni se desmiente que Vicente del Bosque pueda ser uno de sus miembros.
El sustento legal de la decisión
Esta comisión es una figura extraña en el ordenamiento jurídico, creada como “medida extraordinaria e inédita en el deporte español”. La ley no recoge específicamente la creación ni las funciones de una comisión de este tipo, pero desde el CSD defienden su encaje legal. Citan, en concreto, el artículo 1.2 de la Ley del Deporte, que recoge, textualmente que “corresponde a la Administración General del Estado la representación del deporte español y la supervisión pública del sector en aquellos aspectos que se consideran de interés general para el Estado“.
Rodríguez Uribes, en la ceremonia de entrega de los Premios Laureus. / Kiko Huesca
Unido a este artículo, fuentes del Gobierno citan también como sostén jurídico el 11.1 de ese mismo texto, que recoge que “el deporte de alto nivel se considera de interés para la Administración General del Estado, en tanto que […] cumple una función representativa y de reputación general del deporte español, específicamente en las competiciones deportivas internacionales”.
El Gobierno entiende, en definitiva, que tanto la participación de las selecciones nacionales en la Eurocopa masculina y los Juegos Olímpicos, como la organización del Mundial 2030 son cuestiones “de interés general del Estado”, lo que faculta al Gobierno (siempre según su argumentación jurídica) para ejercer “la representación del deporte español y la supervisión pública del sector”, mediante el tutelaje de la RFEF.
Decisión hablada con la FIFA
Esta decisión, a nadie se le escapa, supone una clara injerencia gubernamental en asuntos que son propios del fútbol, se quiera llamar intervención, tutela o como se desee. Se considere justificada o no. Algo que la FIFA, por norma general, rechaza de plano e incluso castiga. La clave en esta ocasión es que la idea de resolver de este modo la crisis de la RFEF surge, o al menos se concreta, en una reunión cara a cara en Madrid entre Rodríguez Uribes y el secretario general adjunto de la FIFA, Mattias Grafström, según explican fuentes gubernamentales.
El precedente de la federación italiana en 2006, en crisis entonces por diferentes casos de corrupción y apuestas ilegales, se resolvió de un modo similar, dentro del ordenamiento jurídico de Italia. Ese precedente surgió en dicha reunión y la FIFA, en definitiva, dio su beneplácito a esta solución, según explican desde el Gobierno. La UEFA, por su parte, declaró este jueves a Efe que “está monitorizando la situación y en contacto con las partes implicadas”, mientras algunos medios se hacian eco de una presunta disconformidad del organismo (con el que el Gobierno no ha tenido interlocución directa, puesto que la ha centrado en la FIFA) y la posibilidad de que pueda tomar medidas drásticas como la expulsión de las selecciones y clubes españoles de las competiciones europeas. Las fuentes consultadas por este periódico no confirman este extremo.
Ambas instituciones, la FIFA y la UEFA, emitieron no obstante un comunicado conjunto en la tarde del jueves, refrendando que “siguen de cerca” la situación de la RFEF y que demandarán más información para evaluar cómo la comisión creada por el CSD “puede afectar a la obligación de la RFEF de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias gubernamentales indebidas“. Ha de leerse, forzosamente, como un aviso a navegantes para las decisiones que se tomen en adelante y el modo en que se adopten.
Evitar un vacío de poder
Queda ahora resolver la duda de cómo será la cohabitación entre la comisión creada por el CSD y los órganos propios de la RFEF. El Gobierno podría haber suspendido este jueves a todos los miembros de la actual gestora federativa, pero rechazó adoptar esa decisión al entender que habría sido una irresponsabilidad sumir a la RFEF en un vacío absoluto de poder.
Porque en principio, este viernes Pedro Rocha será proclamado nuevo presidente de la RFEF, pero eso también está en duda, debido a un nuevo recurso de Miguel Galán ante el TAD, que no tiene demasiados visos de prosperar (aunque en este caso ya puede ocurrir cualquier cosa), pero que sí podría aplazar una vez más esa proclamación, mientras se admite a trámite y se rechaza o acepta.
Contando con que para entonces Rocha ya será presidente, la comisión directiva del CSD se volverá a reunir el martes para estudiar su posible suspensión, así como la de los miembros de la actual gestora, que cesará en sus funciones en cuanto un nuevo presidente será proclamado. ¿Serán todos o algunos de ellos suspendidos? Desde el Gobierno no se ofrece respuesta a esa pregunta.
Pedro Rocha candidato a la presidencia de la RFEF, sale de los juzgados de Majadahonda. / David Castro
El silencio de Pedro Rocha
Los indicios llevan a pensar que dependerá, en buena medida, de las decisiones (actuar con una rebelde normalidad o dimitir y convocar elecciones inmediatamente serían los dos casos extremos) que tome un Rocha que se mantiene en silencio desde hace muchos días. Fuentes gubernamentales aseguran que no ha habido interlocución directa con él sobre los planes del Gobierno, aunque otras fuentes señalan que Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ha ejercido de mediador. Como se puede observar, en todo este lío es bastante fácil encontrar versiones divergentes de un mismo hecho.
Un Rocha, en cualquier caso, sobre el que seguirá pesando la amenaza de inhabilitación por parte del TAD, que tiene que estudiar en los próximos dos meses y medio si cometió hasta seis infracciones muy graves como presidente de la gestora federativa, extralimitándose en sus funciones. Eso podría desembocar en que Rocha, si llega a esa fecha como presidente de la RFEF, fuera inhabilitado en plena Eurocopa. Al margen de lo que pueda ocurrir con su condición de investigado en el caso Supercopa. “Y con esta decisión garantizamos que, suceda lo que suceda, España quedaría perfectamente representada“, defienden desde el Gobierno.