La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o, mejor escrito, la comisión gestora que la gobierna en estos días de crisis y caos, ha decidido morir matando. Ante un escenario cada vez más probable de suspensión de todos sus miembros por parte del Gobierno, emitió ayer un comunicado en el que culpa al Consejo Superior de Deportes (CSD) de su situación actual y en el que carga contra el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por el expediente abierto contra los integrantes de la gestora por presuntas infracciones muy graves.
«La Federación se encuentra en una situación de máxima interinidad desde el pasado mes de septiembre, cuando la gestora, en la línea marcada por el entonces secretario de Estado, Víctor Francos, planteó hacer una sola convocatoria electoral», señala la gestora de la RFEF en su comunicado, señalando al predecesor de José Manuel Rodríguez Uribes, quien ayer sugirió la inminente suspensión de los miembros de la gestora, así como del único candidato a la presidencia del organismo, Pedro Rocha.
«Sobre la necesidad de hacer elecciones a presidente o doble elección a presidente y a asamblea, se remitió una consulta al CSD el 20 de septiembre y se reiteró el 17 de octubre, sin respuesta alguna por parte de este organismo. Durante todo este tiempo, la RFEF estuvo a la espera de que el Gobierno aprobara la orden ministerial que permitía celebrarlas y que se ha retrasado durante meses siendo finalmente firmada por el actual presidente del CSD [Rodríguez Uribes] a finales de enero de este año», señala el duro comunicado.
La RFEF acusa también al Gobierno, durante la etapa de Víctor Francos en el CSD, de haber «avalado» el despido del secretario general, Andreu Camps. Una decisión que, según el comunicado, «no pasó por gestora», aunque el comunicado no especifica quien la adoptó. Se deduce, en todo caso, que fue una decisión unilateral de Pedro Rocha, quien entonces presidía la comisión gestora y que en la actualidad no forma parte de ella, al estar a la espera de ser proclamado presidente. Si es que eso llega a suceder en algún momento.
«Miembros de la comisión gestora se reservan la posibilidad de emprender acciones legales en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas», añade el comunicado.