La Audiencia Nacional ha obligado al Estado a comprar una pintura del siglo XV, ‘Los Doctores de la Fe’, perteneciente al antiguo retablo de la Iglesia del monasterio de Oña (Burgos), por un precio casi seis veces mayor (57.000 euros) de lo determinado en una resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El Estado había ejercido su derecho de compra después de anular su exportación a Francia para que la obra fuera subastada.
Los hechos se remontan al 22 de diciembre de 2016, cuando la empresa World Pack-Art, en representación de la compañía francesa de subastas Kapandji Morhangue, solicitó a la Secretaría de Estado de Cultura permiso para exportar con destino a París la obra “Los Doctores de la Fe”, un óleo sobre tabla perteneciente a la escuela catalana del Siglo XV y que mide 60 x 180 centímetros.
El Pleno de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español solicitó un informe de la obra al Museo del Prado para determinar si podía dar luz verde a la operación. El 16 de febrero de 2017, la pinacoteca madrileña envió un reporte en el que proponía, muy al contrario, denegar el permiso de exportación ya que “supondría una notable pérdida para nuestro patrimonio histórico común”.
Antiguo retablo
Los expertos argumentaban su negativa en la propia procedencia de las obras en cuestión -el antiguo retablo mayor de la iglesia del Monasterio de San Salvador de Oña, desmantelado y disperso desde el siglo XVIII-, y la figura de su autor, Juan Sánchez, “pintor destacado en la transición del estilo internacional al hispanoflamenco en la pintura burgalesa del siglo XV”.
Así, mediante una resolución del 17 de febrero de 2017, el Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural denegó el permiso de exportación y se inició por parte de la Administración un expediente de oferta de venta irrevocable a través de una Orden Ministerial., en aplicación de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Patrimonio Histórico. El total a pagar por la Administración sería de 10.000 euros ya que era el precio consignado en la solicitud de exportación.
De forma paralela, la misma empresa, World Pack Art, también pidió autorización para exportar “una sopera y presentorio de porcelana policromada china de la Compañía de Indias del Siglo XVIII”, que también fue denegada. En este caso, un informe del Museo Nacional de Artes decorativas justificó la negativa en que “se trataba de buenos ejemplos de la producción de porcelana de la Compañía de Indias del siglo VXIII realizada en China para ser comercializada en Europa que imitaba los modelos realizados en algunas manufacturas europeas como la de Meissen, no representada en colecciones españolas, lo que hacía de ellas unas piezas de particular interés para nuestro patrimonio histórico”.
Así en marzo de 2017, el Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, denegó el permiso de exportación y se inició a través de una resolución del Ministerio de Cultura, el proceso de adquisición de la obra, en este caso por 300 euros, que era asimismo el precio consignado en la solicitud de exportación.
Recursos
La empresa afectada presentó varios recursos, en primer lugar para revocar la resolución que prohibía la exportación ya que se había impedido su derecho a defensa, y en el caso que la venta tuviera que ejecutarse que fuera por un importe de 72.000 euros y 900 euros, respectivamente, que era el valor que la firma propietaria de las obras consideraba que tenían.
Según la demandante, el precio que quería pagar el Estado era totalmente “irrosorio”, lo que supondría un “enriquecimiento injusto” por parte de la Administración. Durante el proceso judicial presentaron un informe de una restauradora de arte que valoraba cada una de las cuatro tablas que conformaban la obra en 18.000 euros, una valoración que se “situaba en la misma línea que el informe Técnico de la Administración y el informe pericial de la Perito Judicial”.
Informe de la perito
Finalmente, la Audiencia Nacional no dio por bueno el informe de parte, ya que no explicaba cómo había llegado a esa conclusión, pero sí aceptó el informe de la perito designada en el procedimiento judicial, una licenciada en Historia del Arte con experiencia en tasar obras para prestigiosas salas de subastas, entre ellas Durán Arte y Subastas, en Madrid.
Según arguimentó esta experta, la pintura artística española está experimentando una tendencia al alza en el mercado internacional y para este procedimiento había seguido un método comparativo con otras obras vendidas de antigüedades que podrían ser similares a la que estaba en estudio. Usando estos parámetros, valoraba las obras en 57.000 euros y 800 euros, respectivamente.
En base a esa reporte, en su sentencia, del 9 de octubre de 2023 y la que ha tenido acceso El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, la Audiencia Nacional obligó a la Dirección General de Patriomonio Histórico a que notifique a la parte afectada las resoluciones por las que se anuló la exportación y que dictara una nueva resolución para que el Estado adquiriera las citadas obras por 57.000 euros y 800 euros.
Pese a este traspiés con el Ministerio de Cultura que mantuvo en suspenso el traslado de obras a Francia, la empresa citada sí que consiguió exportar cientos de obras de arte que fueron subastadas en París en marzo de 2017 como procedentes de una “colección de un palacio de España”.