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Casi tres años después de que Luis Rubiales presentase el nuevo formato de la Supercopa de España, Francisco Javier Puyol, un magistrado en excedencia contratado por la Real Federación Española de Fútbol, emitió un informe de Compliance para analizar un contrato que muy pocos han visto completo aun a día de hoy y que está ahora mismo bajo la lupa de la justicia por presuntas irregularidades.
Por ello, Puyol ha tenido que declarar hoy como testigo ante la jueza del caso Supercopa justo después de que lo hiciera como imputado Pedro González Segura, exdirector de los servicios jurídicos de la RFEF. En ese informe de 26 páginas redactado por Puyol, y al que ha tenido acceso El Periódico de España, de Prensa Ibérica, se apoya la versión que luego mantuvo el expresidente en sede judicial.
En ese documento, por ejemplo, se refrenda la “plena legalidad jurídica y económica” del contrato y se asegura que “el sistema retributivo y la retribución del presidente de la RFEF, compuesto de partidas fija y variable, es plenamente ajustado a derecho, sin que plantee cuestiones éticas trascendentes“. Poco después, sin embargo, Rubiales consolidó un salario fijo de 675.000 euros más los 3.000 euros mensuales de ayuda a la vivienda.
Un informe ‘a la carta’
Sin embargo, según ha podido saber este periódico por fuentes jurídicas presentes en su declaración, Puyol ha asegurado que el informe era un encargo de la Federación, y que, por tanto, su intención era la de no causarle perjuicio con sus conclusiones.
Lo irregular de este informe “a la carta”, explican a este periódico, es que se trataba de analizar un contrato firmado tres años antes, que ya estaba en ejecución y que, además, en ese momento ya estaba bajo el escrutinio de la justicia. “Lo normal en un verdadero informe de Compliance es que hubiera sido previo a la firma”, apuntan fuentes del caso, que lo ven como una maniobra más de Rubiales para blindarse jurídicamente.
De hecho, el informe está tan en línea con el discurso del entonces presidente que incluso se apunta a que “ha existido una vulneración de los derechos fundamentales de Luis Rubiales“, concretamente de los derechos “a la intimidad personal y a la vulneración del secreto a las comunicaciones” por los artículos publicados en la prensa. “La información obtenida es de origen ilícito“, zanja el documento.
Refuerza la independencia de las comisiones a Piqué
Dentro del informe de Puyol, que consta de 26 páginas y que fue emitido a finales de mayo de 2022, cuando el caso ya había llegado incluso a los medios de comunicación, se trata también el papel que tuvo Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, en llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.
A pesar de que desde la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil se sostiene que el pago de una comisión a Piqué sirvió como criterio para primar la oferta árabe frente a otras, Rubiales mantuvo en sede judicial que esos pagos eran un asunto privado entre los saudíes y la empresa del entonces jugador del FC Barcelona.
Puyol sostiene que la RFEF “no pagó ni cobró comisiones, ya fueran legales o ilegales” a Kosmos y que la “única oferta en firme para la organización de la Supercopa de España” fue la de Arabia Saudí, ya que no le “consta la existencia de otras ofertas como la del Estado de Qatar”.
Por su parte, Pedro González Segura, el que fuera director de los servicios jurídicos de la RFEF hasta que fue detenido a finales de marzo durante la llamada operación Brodie, ha decidido no responder las preguntas de las distintas acusaciones presentes en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda Madrid.
En referencia a su hermano Ángel, que es directivo de Gruconsa, la constructora investigada por haber sido beneficiada presuntamente con adjudicaciones de la Federación a cambio de ‘mordidas’, González Segura habría dicho que cuando había que tomar una decisión respecto a esta empresa él decidía inhibirse.
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