El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes el anteproyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que pretende fortalecer la industria audiovisual española a nivel nacional e internacional y que engloba a todo el sector, incluidas plataformas y series de televisión.
Una de las grandes novedades es que las series podrán ser también objeto de ayudas públicas. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha subrayado en rueda de prensa que los fondos darán “prioridad” a los productores independientes.
Se trata, ha precisado Urtasun, del “mismo texto” validado en diciembre de 2022, cuando el titular de Cultura era Miquel Iceta, y que decayó por la convocatoria de elecciones de generales. Ahora, será remitido de nuevo para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación antes de que finalice 2024.
Profundas transformaciones del sector
La norma, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, actualizará la Ley de Cine que data de 2007 para adaptarse a los profundas transformaciones que ha experimentado el sector desde entonces, con la incorporación de nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión.
“La brecha se ha ido agrandando en los últimos años y era muy importante la actualización”, ha señalado Urtasun.
La ley contempla ayudas públicas en todas las fases de creación y promoción de un proyecto. Entre sus objetivos están mejorar la competitividad de las empresas y profesionales, crear condiciones que favorezcan la creación y la promoción de obras, proteger los derechos de autor o establecer medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual.
Ayudas
Una de las grandes novedades es que extiende la concesión de ayudas del Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual a otras formas audiovisuales, como series, aunque “reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica”, ha indicado el Ministerio de Cultura en un comunicado.
La ley mantiene la definición de productora independiente reclamada por el sector y las convocatorias de ayudas se destinarán “mayoritariamente” a productoras independientes, según el Ministerio.
Además, la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo) desciende de un 25% a un 20% -una petición de los exhibidores, que reclamaban su eliminación total-, e incluye, como novedad, al cine latinoamericano y al dirigido por mujeres.
Otras novedades son la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y de la Cultura Audiovisual, que promoverá el diálogo entre las administraciones públicas y el sector, y la obligación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) de elaborar periódicamente un plan estratégico e informes anuales sobre las medidas impulsadas y sus resultados.
Por otro lado, la nueva normativa modificará la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español para incluir expresamente el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico como integrante del Patrimonio Histórico Español y la Filmoteca Española se calificará como Bien de Interés Cultural (BIC).
Además se contempla la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual y se determina que los beneficiarios de ayudas públicas deberán entregar a Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio.
En lo que concierne a las plataformas, se incluye la obligación de que esas “prestadoras del servicio de comunicación audiovisual” declaren los datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición.
La posterior regulación reglamentaria de este sistema se llevará a cabo a través de una comisión en la que participará, junto con el ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Ampliación del campo de acción
En el título de la ley se ha incorporado el concepto de ‘cultura audiovisual’ junto al de ‘cine’, como reflejo de la ampliación del campo de acción normativo, pero la actividad cinematográfica continuará manteniendo “un especial nivel de atención y protección”.
También se habla de una especial atención a las salas de exhibición independientes y de núcleos rurales, aunque todas las salas cinematográficas podrán acceder a las ayudas.
De cara al fomento de la diversidad cultural se apuesta por fomentar las lenguas reconocidas estatutariamente por las Comunidades Autónomas.
Y en cuanto a las medidas de igualdad real, la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción para las mujeres a través de las órdenes de ayudas pasa a estar recogida en la Ley.
La Ley protege además a los colectivos con dificultades de acceso por discapacidad e introduce como requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución la incorporación de sistemas de accesibilidad.