El Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía remitió el pasado 14 de marzo un requerimiento a la sociedad Estadio La Cartuja de Sevilla S.A. para exigir que haga público en quince días el contrato que firmó con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para celebrar la Eurocopa 2020 en Sevilla. Se celebró en 2021 por la pandemia.
Las obras que se ejecutaron para adecuar el estadio están siendo investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro del ‘caso Supercopa’ que instruye un juzgado en Majadahonda (Madrid) y que tiene en el foco al entorno más cercano de Luis Rubiales. Se requiere el contrato de sedes, el documento que se firmó para que el estadio albergara los partidos de la Eurocopa. “Un modelo igual”, explican,” para las 11 sedes que acogieron partidos de fútbol”.
Ese contrato ha permanecido en secreto hasta la fecha. Fue El Independiente el medio que requirió vía Consejo de la Transparencia el acuerdo firmado por la federación de fútbol y estadio de La Cartuja, una sociedad de naturaleza pública, participada al 40% por la Junta de Andalucía. Rubiales siempre se negó a difundir ese acuerdo e incluso acudió a los tribunales para no levantar el secreto. Alegó que era “altamente confidencial”. Fuentes del Gobierno andaluz confirman que la documentación se remitió al Consejo de la Transparencia “hace tres días”, aunque aún no ha sido difundida.
“Asesoramiento” de la RFEF
Dentro de las investigaciones, la Guardia Civil acudió a requerir información, en una serie de registros abiertos el pasado miércoles, al estadio de La Cartuja y al Ayuntamiento de Sevilla. Se buscaba información sobre las obras que con carácter de urgencia se realizaron en la primavera de 2021 para albergar la Eurocopa 2020, que se retrasó un año por motivo del Covid y recayó en la capital hispalense tras la renuncia de Bilbao. La empresa Gruconsa tuvo dos adjudicaciones por valor de 900.000 euros y uno de sus directivos, Ángel González Segura, acaba de salir en libertad tras prestar declaración ante la jueza. Es hermano del director jurídico de la RFEF, Pedro González Segura, que también fue detenido el pasado miércoles.
La Sociedad Estadio de la Cartuja tenía 15 días, desde el pasado 14 de marzo, el plazo expiraba el 29 de marzo, Viernes Santo, para difundir el contrato de sedes que firmó con la Real Federación Española de Fútbol, según la comunicación a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. Ese documento nunca se ha hecho público. Transparencia ya ordenó que fuera difundido pero Rubiales acudió a los tribunales para frenar ese requerimiento. Ahora, la federación ha desistido de ese procedimiento judicial, después de que Rubiales, que asiste a toda la investigación en la República Dominicana atendiendo sus negocios, renunciara a su cargo el pasado septiembre poco antes de ser inhabilitado.
Una vez que los tribunales han quedado al margen, de nuevo, el Consejo de Transparencia de Andalucía envió un requerimiento a la empresa pública para que haga públicos los términos del acuerdo que firmó con la RFEF. La Junta de Andalucía ha defendido que colaborará al máximo con la justicia, ha garantizado la “máxima trasparencia” y ha defendido que los contratos que se firmaron fueron legales y las obras se ejecutaron.
Subvención pública
La Junta de Andalucía otorgó una subvención de 4,9 millones de euros a la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja y ese mismo día el consejo de administración de la sociedad del estadio decidió encomendar el “asesoramiento técnico” de todas las obras a la federación de fútbol por razones de “premura”. Ese documento que encomienda el asesoramiento de las obras a la RFEF no es público. Fue el gerente del estadio, Daniel F. Oviedo, a quien se apuntó en dicho acuerdo como responsable de que se cumplieran los principios legales que rigen las contrataciones con dinero público. Se eludió el procedimiento ordinario, explica la documentación a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, porque “su ejecución sería imposible” por los plazos tan breves que existían para hacer las obras. El acuerdo se firmó el 5 de mayo y el primer partido de la Eurocopa se jugó el 14 de junio de 2021.
En total se ejecutaron 28 obras. Dos de ellas, 900.000 euros, por Gruconsa, la empresa constructora investigada y vinculada al entorno más cercano de Rubiales, con la que el entonces presidente de la federación se fue también a hacer negocios a China.
La sociedad Estadio de La Cartuja está integrada al 40% por la Junta de Andalucía, 25% Gobierno, 19% Ayuntamiento, 13% Diputación y 3% los clubs de la ciudad (Real Betis y Sevilla FC).
La Federación Española de Fútbol (RFEF) acudió a los tribunales para que no se conocieran los términos del contrato de sede que firmó en 2021 con la empresa pública que gestiona el estadio sevillano de La Cartuja para la disputa de varios partidos de la última Eurocopa (2020), lo que requirió que la Junta de Andalucía concediera una subvención excepcional de 4,9 millones. Transparencia siempre negó que existiera “un riesgo real, actual y concreto para los intereses económicos y comerciales”, como defendía la RFEF.