El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha decidido elevar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una denuncia de Miguel Ángel Galán contra Pedro Rocha y el resto de miembros de la comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.
Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España, hizo llegar al CSD dos escritos los días 20 de septiembre y 10 de octubre denunciando que Rocha y el resto de la gestora estaban vulnerando los estatutos de la RFEF, al no proceder a la convocatoria inminente de elecciones tras la dimisión de Luis Rubiales como presidente. Esta decisión, como ha adelantado el periodista Kike Marín en su cuenta de X (Twitter), ha sido ahora denunciada al TAD.
A juicio del denunciante, la normativa actual exige esa convocatoria inmediata. Rocha y su gestora, en cambio, entienden que tienen derecho de extender su interinidad, optando por realizar la convocatoria electoral durante el primer semestre de este año. Un proceso que se está dilatando más de lo previsto debido al retraso del Gobierno con la aprobación de la Orden Ministerial que regulará los procesos electorales en las federaciones olímpicas, entre las que se incluye la de fútbol.
El anterior presidente del CSD, Víctor Francos, preveía aprobar dicho documento durante el mes de diciembre. Sin embargo, Francos dimitió poco después de la formación del nuevo Gobierno y ahora es José Manuel Rodríguez Uribes quien debe dar forma definitiva a esa Orden Ministerial. Una gestión que se prevé inminente, pero que no termina de llegar.
Una vez publicada en el BOE, la RFEF deberá elaborar y aprobar su propio reglamento electoral para después realizar la convocatoria anticipada para designar una nueva asamblea y presidente para los próximos cuatro años. Por el momento, no hay candidatos confirmados, si bien Rocha se quiere presentar y también desea hacerlo el presidente de la federación valenciana, Salvador Gomar.
El documento elevado al TAD por parte del CSD denuncia el posible “incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así como de los reglamentos electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias”, falta muy grave recogida como tal en la Ley del Deporte de 1990, aún efectiva en término punitivos, al no estar todavía desarrollados los reglamentos sancionadores de la nueva ley, aprobada en diciembre de 2022.